1- ¿Cambiará la relación Estado - individuo?
2- ¿Cómo afectarán al ciudadano común?
3- ¿Pueden ser declarados inconstitucionales?
1. La reglamentación de las cautelares en contra del Estado, su limitación en el tiempo y su restricción respecto de su procedencia afectarán a muchos particulares que tienen reclamos contra el Estado. Ya hoy es difícil pleitear en contra del Estado incumplidor. Con esta normativa, casi imposible: sin cautelares y con casación, el Estado tiene garantizada su impunidad.
2. Es positivo que se reglamente el acceso a los cargos en la Justicia bajo modalidades (concursos, sorteo, etcétera) que abran esa posibilidad a todos los ciudadanos; que la ciudadanía pueda conocer el patrimonio de quienes desempeñan cargos públicos; que se informaticen y se publiquen sentencias y otras resoluciones del Poder Judicial. En cambio, la creación de tres cámaras de casación significará incrementar el ya largo camino a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los juicios de muchos particulares (por ejemplo, los jubilados) se retardarán tanto que es posible que cuando se obtenga la sentencia ya llegue tarde para reparar el daño causado o el derecho desconocido. Un proyecto que va en perjuicio de los justiciables.
3. Son muy cuestionables los tres proyectos que (¡oh, casualidad!) ya tuvieron trámite express en el Congreso, porque: la elección popular de los consejeros que -a su vez- seleccionarán a los jueces, significa politizar los estamentos que la propia Constitución había apartado de la política. Con esta norma, cuya inconstitucionalidad seguramente será reclamada en la Justicia, se los convertirá en "jueces, abogados y académicos del partido tal o cual", con las previsibles sospechas de un desempeño independiente. Como decía Alberdi, "hace a la Justicia quien hace al juez".